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Este lunes, un grupo de comerciantes se manifestó en el Centro Histórico de la Ciudad de México contra la suspensión de actividades en la Plaza Izazaga 89, luego del decomiso de más de 262 mil productos ilegales de origen asiático en un operativo realizado el pasado 29 de noviembre....
diciembre 3, 2024
Este lunes, un grupo de comerciantes se manifestó en el Centro Histórico de la Ciudad de México contra la suspensión de actividades en la Plaza Izazaga 89, luego del decomiso de más de 262 mil productos ilegales de origen asiático en un operativo realizado el pasado 29 de noviembre.
Los inconformes bloquearon la circulación vehicular en la calle 20 de Noviembre y sus cruces con Fray Servando, Nezahualcóyotl y J. María Izazaga, lo que generó congestionamientos en la zona.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a los conductores utilizar vías alternas, como Lucas Alamán, Lorenzo Boturini y el Eje Central.
Portando pancartas y gritando consignas como “¡Queremos trabajar!”, los comerciantes exigieron la reapertura de los locales de la plaza.
Sin embargo, el gobierno capitalino colocó sellos de suspensión en el inmueble el sábado por la noche, tras constatar que carecía de la documentación necesaria y violaba normativas para su operación.
El operativo que derivó en esta acción fue realizado por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), SSC, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
Según un comunicado oficial, las irregularidades encontradas fueron determinantes para el cierre indefinido del inmueble.
Además, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, presentó una denuncia para que se aplique la extinción de dominio sobre el lugar, argumentando la comercialización de productos ilegales.
Entre los artículos decomisados se encontraban mercancías que no contaban con la documentación requerida, lo que infringe la normativa de comercio vigente.
Mientras tanto, los locatarios enfrentan incertidumbre, ya que muchos retiraron su mercancía antes de que se colocaran los sellos de suspensión.
Los afectados temen perder su única fuente de ingresos y apelan a las autoridades para buscar una solución que les permita continuar trabajando de manera legal.
Esta manifestación pone en evidencia el conflicto entre el combate a la ilegalidad y el impacto que tiene en los pequeños comerciantes, quienes aseguran no haber sido informados sobre las irregularidades hasta el momento del decomiso.
Con información de : Latinus
