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El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad (44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) una serie de reformas para prohibir cualquier tipo de apología del delito en eventos masivos. Esta medida se traduce en un veto directo a la interpretación de narcocorridos en...
mayo 27, 2026
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad (44 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) una serie de reformas para prohibir cualquier tipo de apología del delito en eventos masivos. Esta medida se traduce en un veto directo a la interpretación de narcocorridos en la capital del país.
Las modificaciones aplicadas al artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen la prohibición estricta de conductas que tiendan a:
Con la entrada en vigor de esta ley, una vez publicada en la Gaceta Oficial, las autoridades tendrán la facultad de suspender los conciertos o eventos que incumplan con estas normativas.
Durante la discusión en el pleno, los legisladores defendieron la iniciativa argumentando que el objetivo no es coartar la libertad de expresión, sino garantizar espacios de entretenimiento seguros e inclusivos.
La diputada de Morena, Elizabeth Mateos, aclaró que el sentido del dictamen no es la censura, sino el fortalecimiento de acciones preventivas para la construcción de una cultura de paz, evitando exaltar o justificar conductas contrarias al orden jurídico.
Por su parte, la diputada panista y promovente original de la iniciativa, Laura Alejandra Álvarez Soto, celebró la aprobación y fue contundente respecto al mensaje de la narcocultura: “Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten el crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelo de éxito”.
Uno de los pilares fundamentales para impulsar esta reforma fue la protección de las infancias en un contexto nacional de violencia. Los legisladores advirtieron sobre el grave problema de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
Para dimensionar la problemática, se citaron datos de organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los cuales estiman que entre 30 mil y 40 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales en el país. Ante este panorama, el Congreso busca evitar que los contenidos culturales normalicen estas actividades delictivas ante niñas, niños y adolescentes.
Con información de EL FINANCIERO
