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La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, ha levantado la voz ante la alarmante escasez de agua que afecta a diversas alcaldías, exigiendo al gobierno capitalino la inmediata declaración de emergencia hídrica. Gutiérrez enfatizó la creciente...
febrero 2, 2024
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, ha levantado la voz ante la alarmante escasez de agua que afecta a diversas alcaldías, exigiendo al gobierno capitalino la inmediata declaración de emergencia hídrica.
Gutiérrez enfatizó la creciente preocupación al descubrir cada día nuevas colonias sin acceso al vital líquido, señalando la inacción tanto del gobierno local como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. «Es imperativo tomar medidas y comunicar a la población de manera responsable», afirmó.
Los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han encendido las alarmas, revelando niveles preocupantemente bajos en las presas del país, con el Cutzamala casi agotado, lo que amenaza con dejar al Valle de México desabastecido.
La diputada federal Wendy González subrayó la necesidad de que el jefe de Gobierno, Martí Batres, se reúna con expertos en la materia, tanto nacionales como internacionales, para abordar esta crisis hídrica de manera efectiva. «Los próximos meses serán críticos para la Ciudad de México, y el gobierno debe actuar de inmediato», enfatizó.
González criticó la falta de transparencia por parte del director de Sacmex, Rafael Carmona, quien ha evitado dar explicaciones a la oposición y proporcionar los datos necesarios para la toma de decisiones legislativas.
Las voces de la oposición, en especial las del Partido Acción Nacional, coinciden en la necesidad de una declaratoria de emergencia hídrica para la capital del país. Argumentan que los ciudadanos tienen derecho a información precisa sobre los cortes de agua en sus colonias y los pasos para restablecer el suministro. Asimismo, exigen una distribución equitativa de pipas, sin favorecer a determinadas colonias por motivos políticos. «El acceso al agua es un derecho humano fundamental, y el gobierno no debe comprometerlo», concluyeron.
