El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) recibió una iniciativa que está generando preocupación entre propietarios e inquilinos de la capital. Esta propuesta busca reformar la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la CDMX, permitiendo la invasión de propiedades bajo ciertos supuestos, particularmente en casos...
enero 22, 2025
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) recibió una iniciativa que está generando preocupación entre propietarios e inquilinos de la capital. Esta propuesta busca reformar la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la CDMX, permitiendo la invasión de propiedades bajo ciertos supuestos, particularmente en casos de declaración de emergencia.
La iniciativa, presentada por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, establece que ninguna persona podrá ser desalojada de un inmueble sin un mandamiento judicial emitido conforme a las disposiciones legales y constitucionales.
Esto implica que cualquier desalojo debe pasar por un proceso judicial que respete el derecho de audiencia, el debido proceso y que busque soluciones mediante mediación y conciliación.
Según lo explicado por el diputado Diego Garrido, esta reforma podría tener graves implicaciones para los propietarios, especialmente si el Gobierno de la CDMX decreta una «situación de emergencia», un concepto que no ha sido definido de manera clara en la propuesta.
En este contexto, los dueños de propiedades podrían encontrarse en una situación de indefensión frente a inquilinos morosos o invasores ilegales.
La aprobación de esta ley podría tener consecuencias significativas para quienes cuentan con propiedades en renta o inmuebles desocupados en la capital.
De acuerdo con el diputado Garrido, si un inquilino se niega a pagar la renta o si una persona invade una propiedad de manera ilegal, el propietario no podría desalojar al ocupante sin un proceso judicial que podría extenderse por meses o incluso años.
Además, la declaración de una «situación de emergencia» podría dificultar aún más el desalojo, dejando a los dueños sin opciones legales efectivas.
Los críticos de la propuesta argumentan que esta reforma podría incentivar la ocupación ilegal de inmuebles, ya que otorga una protección amplia a los ocupantes en detrimento de los derechos de los propietarios. También advierten que podría desincentivar la inversión en bienes raíces y generar inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario.
En un video publicado en redes sociales, el diputado Diego Garrido denunció que esta ley podría vulnerar los derechos de los propietarios y puso en evidencia los riesgos de no delimitar claramente lo que constituye una «situación de emergencia».
Su mensaje ha generado un intenso debate entre usuarios, dividiendo opiniones sobre el equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la seguridad jurídica de los dueños de propiedades.
Con información de: ADN 40