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Proponen penas más severas por bebidas adulteradas

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una propuesta para endurecer las penas contra la adulteración de bebidas en establecimientos de la Ciudad de México. La iniciativa busca sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes posean, oferten o entreguen bebidas con sustancias...

septiembre 10, 2025

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una propuesta para endurecer las penas contra la adulteración de bebidas en establecimientos de la Ciudad de México.

La iniciativa busca sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes posean, oferten o entreguen bebidas con sustancias nocivas. Esta propuesta, presentada por el diputado local Jesús Sesma, busca reformar el tipo penal de la administración subrepticia de sustancias, una medida ya existente y promovida por la Jefa de Gobierno.

La iniciativa, además de buscar el aumento de las sanciones, propone que se contemple el concurso de delitos, ya que la sumisión química es, en la mayoría de los casos, la antesala de crímenes más graves como agresiones sexuales, robos o secuestros. Esta agravante busca una respuesta contundente a lo que consideran un acto cobarde y peligroso.

Cifras que alertan

El diputado Sesma indicó que el “canasteo” no es un hecho aislado, subrayando la realidad que enfrentan principalmente mujeres jóvenes en la capital. Según datos de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, entre 2020 y 2025 se recibieron 280 denuncias relacionadas con bebidas adulteradas.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) registró casi 500 denuncias en el mismo periodo.

A menudo, las víctimas pierden la conciencia y, al despertar, descubren que han sido objeto de un delito. La dificultad para identificar a los agresores se traduce en que muchos de estos casos quedan impunes.

Para el legislador, la Ciudad de México tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional en la protección de la dignidad, la vida y la integridad de sus habitantes. La propuesta busca que los establecimientos mercantiles dejen de ser un foco de este tipo de violencia.

Con información de EL UNIVERSAL

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