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Las recientes acusaciones del fiscal interino de la Ciudad de México, Ulises Lara, en relación con el presunto cartel inmobiliario que habría operado en la alcaldía Benito Juárez, ha creado tensión en el ambiente político de la demarcación. Luis Mendoza, diputado federal del PAN y aspirante a la alcaldía,...
enero 18, 2024
Las recientes acusaciones del fiscal interino de la Ciudad de México, Ulises Lara, en relación con el presunto cartel inmobiliario que habría operado en la alcaldía Benito Juárez, ha creado tensión en el ambiente político de la demarcación.
Luis Mendoza, diputado federal del PAN y aspirante a la alcaldía, ha calificado como «absolutamente falsas» las denuncias que se hacen hacia su hermano, a través de sus redes sociales. Las acusaciones de Lara involucran a su hermano Víctor, junto con otros funcionarios, en un supuesto entramado de corrupción que beneficiaba a ciertas edificaciones a cambio de sobornos.
La Fiscalía ha vuelto a poner el foco en el llamado cartel inmobiliario, basándose en el testimonio de un empresario que afirma haber enfrentado presiones para pagar sobornos y así evitar obstáculos en la construcción de sus proyectos.
Mendoza no tardó en responder, negando categóricamente las acusaciones contra su hermano y denunciando que estas son parte de una «manipulación de la evidencia». Argumenta que al revelar detalles de una carpeta de investigación, la Fiscalía está poniendo en peligro el curso adecuado de la misma.
«Insisto, así como las mentiras @ErnestinaGodoy_ terminaron por exhibirla como la PEOR fiscal en la historia de la CDMX, también ahora prevalecerá la verdad«, afirmó Mendoza, quien actualmente se encuentra en la carrera por suceder a Santiago Taboada en la alcaldía de Benito Juárez.
Las revelaciones hechas por Ulises Lara ponen en riesgo la supuesta investigación que se está realizando, lo cual evidencia que podrían ser solamente especulaciones.
Por su parte, insiste en la gravedad de las acusaciones, sosteniendo que el modus operandi de este presunto cartel inmobiliario ha persistido durante al menos tres administraciones, desde 2015. La información presentada se basa en testimonios que indican que numerosos funcionarios de Benito Juárez habrían exigido sobornos para agilizar procesos y evitar «contratiempos» en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Fuente: La política Online
