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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha planteado la posibilidad de dar carpetazo a siete denuncias presentadas por la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, contra la exalcaldesa y actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, así como otros funcionarios, por presuntas irregularidades que...
septiembre 20, 2023
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha planteado la posibilidad de dar carpetazo a siete denuncias presentadas por la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, contra la exalcaldesa y actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, así como otros funcionarios, por presuntas irregularidades que involucran casi 120 millones de pesos.
La Fiscalía de Servidores Públicos, encargada de este caso, ha enviado las carpetas de investigación al auxiliar de la FGJCDMX, proponiendo que en cuatro de ellas se determine el «no ejercicio de la acción penal» y que las tres restantes sean enviadas a un «archivo temporal». Estas propuestas de cierre de investigaciones aún esperan la aprobación de la fiscal Ernestina Godoy.
La determinación de «no ejercicio de la acción penal» implica que la fiscalía no encuentra evidencia suficiente para proceder legalmente, mientras que el «archivo temporal» sugiere que no se han realizado suficientes investigaciones para establecer líneas claras de investigación. Esto, a pesar de la cantidad de información y documentos proporcionados por la alcaldía de Álvaro Obregón a la FGJCDMX.
La alcaldía de Álvaro Obregón ha criticado fuertemente la falta de acción de la FGJCDMX en este caso. Según la administración local, la única solicitud formal que recibieron de la fiscalía durante la investigación fue la solicitud de copias certificadas de expedientes laborales de los entonces servidores públicos, lo que consideran insuficiente. Además, aseguran que la Policía de Investigación nunca se presentó en la alcaldía ni realizó investigaciones pertinentes ni peritajes.
La alcaldesa Lía Limón, expresó su preocupación por la falta de acción de la FGJCDMX, afirmando que «no investigaron» y que era imposible llevar a cabo una investigación sin acceder a la información que poseen.
Las denuncias presentadas por la administración actual alegan que las presuntas irregularidades cometidas por Layda Sansores y otros funcionarios incluyen los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de atribuciones y facultades, así como irregularidades administrativas que habrían causado daño al patrimonio de la alcaldía, que alberga a aproximadamente 800,000 personas.
Las denuncias se originaron a raíz de presuntas irregularidades en el programa social llamado Mercomuna, diseñado para apoyar a las familias vulnerables y comercios locales afectados por la pandemia de COVID-19. Según la administración de Lía Limón, no hay evidencia de que 31.2 millones de pesos destinados a este programa llegaron a sus destinatarios.
Dos programas sociales adicionales, Promotores del Desarrollo Social y Promoción del Autocuidado y Envejecimiento Digno, también presentaron irregularidades por 39.6 millones de pesos, según las denuncias. La administración actual afirma que no hay pruebas de que estos programas se hayan implementado de manera efectiva.
Además de los programas sociales, se denunciaron irregularidades en tres contratos de adquisiciones y servicios por un valor total de 40 millones de pesos. Estos contratos abarcaron la adquisición de calentadores solares y de paso que nunca llegaron a sus destinatarios finales, así como un contrato de difusión gubernamental y un convenio para la digitalización de bibliotecas y zonas de Wi-Fi en edificios públicos, que tampoco se concretaron.
Lía Limón insiste en la importancia de denunciar estas irregularidades que involucran fondos destinados a los más vulnerables y afectados por la pandemia. La fiscalía ahora debe tomar una decisión sobre el cierre de las investigaciones, mientras que la controversia y la preocupación por la falta de acción en este caso continúan creciendo en la Ciudad de México.
