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El hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación en México ha escalado a niveles alarmantes. La organización Article 19 ha documentado una cifra récord: 51 casos en los primeros siete meses de 2025, superando la marca más alta registrada en una década, que era de 40 casos en...
agosto 27, 2025
El hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación en México ha escalado a niveles alarmantes. La organización Article 19 ha documentado una cifra récord: 51 casos en los primeros siete meses de 2025, superando la marca más alta registrada en una década, que era de 40 casos en todo el año 2021. Este patrón, detallado en el reporte «Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México», demuestra que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que se ha trasladado a los tribunales.
El informe destaca que esta tendencia es preocupante, especialmente ante las advertencias de que el Poder Judicial podría intensificar sus acciones punitivas contra la prensa. De los 51 casos registrados, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han enfrentado procesos legales. Esto se traduce en un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días en promedio, lo que, según Article 19, refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
Uno de los aspectos más inquietantes de este fenómeno es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). De las 51 acciones judiciales iniciadas este año, 25 corresponden a casos de VPEG, utilizados para silenciar y censurar a periodistas e incluso a ciudadanos. La organización señala que los órganos electorales y tribunales han sido laxos al admitir estos recursos, a pesar de que su objetivo principal es el de la censura.
Este aumento en el hostigamiento judicial evidencia un cambio en las tácticas para intimidar a la prensa, utilizando la ley como un arma para restringir el trabajo periodístico.
Con información de Reforma
