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La «administración subrepticia de sustancias» ahora es un delito con penas de cárcel y multas en la capital. El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una iniciativa clave para combatir los llamados «pinchazos», tipificándolos como un delito bajo el nombre de «administración subrepticia de sustancias». Esta medida,...
mayo 30, 2025
La «administración subrepticia de sustancias» ahora es un delito con penas de cárcel y multas en la capital.
El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una iniciativa clave para combatir los llamados «pinchazos», tipificándolos como un delito bajo el nombre de «administración subrepticia de sustancias». Esta medida, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca ofrecer una respuesta penal a los incidentes reportados, particularmente en el transporte público, donde usuarios han denunciado la aplicación de sustancias sin su consentimiento. Con 60 votos a favor y tres en contra, la reforma al Código Penal local impone penas de dos a cinco años de cárcel y multas económicas.
La nueva legislación detalla que la sanción aplicará a quien, sin consentimiento y mediante engaños, administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia que altere la conducta, voluntad, salud, o estado físico o mental de una persona. Esto abarca el uso de bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones o agujas, sin importar la vía de administración.
La ley contempla un aumento en la sanción hasta en una mitad cuando la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica, o ponga en peligro la vida de la víctima. Las penas también se incrementarán si el afectado es una niña, niño, adolescente, mujer, persona con discapacidad, persona mayor o pertenezca a un grupo de atención prioritaria.
Además, la sanción será mayor si la conducta ocurre en el transporte de pasajeros, instalaciones públicas o eventos de concentración masiva, y si tiene como objetivo facilitar la comisión de otros delitos. Esta ampliación de las circunstancias agravantes busca proteger a los ciudadanos en los entornos de mayor vulnerabilidad y concentración.
El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, argumentó que la falta de un tipo penal autónomo limitaba la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar efectivamente esta nueva modalidad delictiva. La aprobación, según Martínez Urincho, robustecerá la protección jurídica para las víctimas y fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado.
No obstante, la aprobación no fue unánime. Legisladores de Movimiento Ciudadano, como Royfid Torres, Patricia Urriza y Fernanda Ledezma, votaron en contra, argumentando que el dictamen no representa una solución integral y que la prevención mediante más cámaras de vigilancia y el fomento de la denuncia serían medidas más efectivas. A pesar de las diferencias, legisladores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México resaltaron que la iniciativa unió a la mayoría de las bancadas en un propósito común, mientras que panistas, aunque críticos por la tardanza, votaron a favor al priorizar la seguridad y la justicia.
Con información de: El Sol de México
