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Fraudes inmobiliarios operan con total impunidad en alcaldías de alta plusvalía. El «anzuelo» de las rentas baratas Una nueva modalidad de fraude denominada «montarrentas» está propagándose de forma alarmante en la Ciudad de México. Estos delincuentes operan principalmente a través de redes sociales y sitios especializados, donde publican anuncios...
abril 21, 2026
Fraudes inmobiliarios operan con total impunidad en alcaldías de alta plusvalía.
Una nueva modalidad de fraude denominada «montarrentas» está propagándose de forma alarmante en la Ciudad de México. Estos delincuentes operan principalmente a través de redes sociales y sitios especializados, donde publican anuncios de departamentos y casas con condiciones que resultan demasiado buenas para ser verdad: precios bajos, escasos requisitos y la promesa de una entrega de llaves inmediata.
El engaño se basa en simular ofertas de arrendamiento de inmuebles que, en realidad, no pertenecen a los ofertantes. Para concretar la estafa, los sujetos exigen a los interesados un anticipo económico o el pago completo de una mensualidad, bajo el pretexto de apartar el lugar o permitir que se muestre la propiedad. Una vez que la víctima realiza el depósito o transferencia, los supuestos arrendadores cortan toda comunicación.
Los casos de este esquema delictivo se han concentrado en demarcaciones con alta plusvalía y gran demanda habitacional. Las autoridades han identificado focos rojos en las siguientes alcaldías:
La estrategia de los delincuentes aprovecha la desesperación de los ciudadanos por encontrar vivienda en zonas céntricas. Ante este escenario, es fundamental que los ciudadanos confirmen presencialmente la existencia de la oferta y se abstengan de realizar cualquier pago sin antes haber verificado físicamente el inmueble y firmado un contrato legal que ampare la operación.
Debido al incremento de estas estafas, el Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta para tipificar penalmente esta conducta. El diputado Andrés Sánchez ha presentado una iniciativa que busca castigar a los responsables de esta modalidad de fraude con penas que van desde los 4 meses hasta los 11 años de prisión.
Mientras la legislación avanza, la prevención sigue siendo la única defensa efectiva contra los «montarrentas». La falta de regulación en plataformas digitales permite que los estafadores se oculten tras perfiles falsos, dejando a los arrendatarios vulnerables ante la pérdida de su patrimonio.
Con información de: López Dóriga Digital
