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La propuesta surge ante un alarmante incremento de este delito en los últimos cinco años. Un incremento alarmante en la capital El despojo de inmuebles en la Ciudad de México aumentó un 217.79% entre 2018 y 2023, según datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX). Esta tendencia...
abril 24, 2025
La propuesta surge ante un alarmante incremento de este delito en los últimos cinco años.
El despojo de inmuebles en la Ciudad de México aumentó un 217.79% entre 2018 y 2023, según datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX). Esta tendencia ha llevado a diputados de Morena en el Congreso local a proponer reformas que endurezcan las penas para quienes cometen este delito.
Las iniciativas planteadas por Alberto Martínez Urincho e Israel Moreno Rivera buscan reformar el Artículo 295 del Código Penal Federal y los Artículos 237 y 238 del Código Penal para el Distrito Federal. La propuesta contempla penas de 6 a 12 años de prisión para los responsables, y de 10 a 16 años en casos de reincidencia.
Actualmente, las sanciones por despojo en el Código Penal Federal oscilan entre tres meses y cinco años de cárcel, con una multa que va de 50 a 500 pesos. Sin embargo, estas penas aumentan si se comete en grupo, con violencia o si la víctima pertenece a sectores vulnerables.
Los legisladores subrayaron que este delito afecta especialmente a personas mayores y en situación de vulnerabilidad. “Tener una casa propia es uno de los mayores anhelos de los capitalinos. El despojo atenta contra este sueño y deteriora el tejido social”, comentaron.
El fenómeno del despojo implica el ingreso de grupos delictivos a viviendas mediante engaños o violencia, afectando a numerosas familias. Según los diputados, se reportan en promedio 14 casos diarios en la capital, situación que ha llevado a algunas personas a tomar justicia por su propia mano.
Un ejemplo reciente se presentó en Chalco, Estado de México, donde una mujer identificada como doña Carlota disparó contra presuntos invasores, resultando en la muerte de dos personas.
Las y los legisladores advierten que el despojo debe considerarse un delito de alto impacto social. Proponen que la respuesta del Estado sea proporcional al grave daño patrimonial que representa para las víctimas.
“Es fundamental sancionar adecuadamente a los responsables, de acuerdo con la gravedad del delito, pero también contemplando la resocialización de los implicados. Solo así se podrá restablecer la confianza jurídica en la comunidad”, destacaron.
Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y eventual aprobación.
Fuente: La Crónica
