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Crítica a la ineficacia del sistema penitenciario mexicano Más reclusos, menos oportunidades de cambio El sistema penitenciario capitalino enfrenta una realidad crítica marcada por la sobrepoblación, un fenómeno que limita severamente la calidad de vida, los servicios y los apoyos esenciales para la reincorporación social de los internos. Este...
noviembre 14, 2025
Crítica a la ineficacia del sistema penitenciario mexicano
El sistema penitenciario capitalino enfrenta una realidad crítica marcada por la sobrepoblación, un fenómeno que limita severamente la calidad de vida, los servicios y los apoyos esenciales para la reincorporación social de los internos. Este crecimiento significativo de la población penitenciaria en los últimos años contrasta con la disminución de la atención a quienes buscan reintegrarse a la sociedad.
Organismos especializados como el Observatorio de Seguridad Ciudadana han señalado puntos de alarma. A finales de 2023 y principios de 2024, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente superó su capacidad máxima de cinco mil 931 personas, albergando a seis mil 407. De manera similar, la Penitenciaría de la Ciudad de México aloja a tres mil 690 internos, a pesar de tener una capacidad para solo dos mil 614. Otros grandes centros, como el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, operan cerca de su tope máximo, lo que indica una presión constante sobre el sistema.
El ingreso de personas privadas de la libertad a las cárceles de la capital experimentó un incremento dramático del 93 por ciento, pasando de ocho mil 236 en 2020 a 15 mil 895 en 2023. Simultáneamente, el Instituto de Reinserción Social, responsable de orientar a los expresos hacia una vida útil y funcional, redujo la atención a sujetos provenientes de cárceles en un 34 por ciento en ese mismo lapso. La disminución de los apoyos es evidente: mientras que en 2020 dos mil 498 exreos recibieron apoyo con un presupuesto de cuatro millones de pesos, para 2024 la cifra cayó a mil 49 personas beneficiadas, aun cuando el presupuesto en 2022 había alcanzado su punto más alto con nueve millones de pesos.
El vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Humberto Morgan, identifica la lentitud en la emisión de sentencias como un factor que agrava la situación. A nivel nacional, la proporción de la población penitenciaria sin resolución judicial creció del 33.3 por ciento en 2024 al 40 por ciento en hombres y 47.1 por ciento en mujeres para 2025. Este panorama, sumado a la prisión preventiva oficiosa, amenaza con saturar aún más las instalaciones. Morgan advierte que, si bien la policía establece un récord de detenciones, el problema se traslada al sobrecupo, el hacinamiento y la violencia dentro de los penales, describiendo a las cárceles como «universidades del crimen», donde los delitos de bajo impacto llevan a personas sin defensa legal a convivir y contaminarse con quienes cometieron delitos complejos.
El análisis sobre los delitos que conllevan al encarcelamiento revela que el robo es la incidencia principal, con 74.1 por ciento en mujeres y 72.8 por ciento en hombres. Otros delitos notables incluyen los delitos contra la salud (8.5 por ciento en mujeres, 4.1 por ciento en hombres) y el homicidio (4.1 por ciento en mujeres, 4.8 por ciento en hombres). A pesar de la necesidad de transformar el comportamiento de esta creciente población, el Proyecto Integral de Reinserción Social (PIRS) “Libertad en Movimiento” redujo su capacidad de atención en un 82.9 por ciento en tres años, aun cuando los reclusorios capitalinos ejercieron una porción del monto nacional.
El recorte presupuestal es la manifestación más clara de la falta de voluntad para aplicar la reinserción. En 2023, el Instituto de Reinserción Social registró su peor partida, con solo tres millones de pesos, lo que representa un recorte del 66 por ciento respecto a 2022. Como resultado, solo mil 644 personas recibieron atención, un 38 por ciento menos. La reducción de recursos financieros implica también una escasez de recursos humanos como custodios y psicólogos, fomentando el autogobierno y la corrupción.
Morgan subraya que el modelo mexicano es inherentemente punitivo y no humano, respondiendo a lógicas políticas más que a la necesidad de reeducación. La negativa a adoptar medidas cautelares alternativas, junto con la tendencia a endurecer las penas, contribuye a un círculo vicioso donde el exconvicto sin elementos de mejoramiento reincide, estigmatizado y sin oportunidades de estudio o trabajo. El experto insiste en que el sistema de justicia en México no solo «no cree en programas de reinserción», sino que favorece un encarcelamiento automático que ha sido reconvenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con información de: La Crónica
