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Congreso capitalino vota a favor de modificaciones que castigan con rigor el despojo. Aumentan años de prisión y multas para el despojador El Congreso de la Ciudad de México refrendó su compromiso con la protección de la propiedad privada al aprobar por unanimidad un conjunto de reformas que endurecen...
noviembre 14, 2025
Congreso capitalino vota a favor de modificaciones que castigan con rigor el despojo.
El Congreso de la Ciudad de México refrendó su compromiso con la protección de la propiedad privada al aprobar por unanimidad un conjunto de reformas que endurecen las penas y actualizan las circunstancias agravantes aplicables al delito de despojo. Con 58 votos a favor, se modificaron el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado.
La reforma, originada en una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada por el diputado Diego Garrido López (PAN), busca ofrecer una respuesta legislativa firme ante un fenómeno delictivo que ha afectado a familias, adultos mayores y comunidades vulnerables. El ajuste legislativo eleva la pena mínima de cinco a seis años y la máxima de diez a once años de prisión para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral.
A la sanción privativa de la libertad se añade una multa que oscila entre 200 y mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), determinada por la gravedad del caso. El objetivo central es actualizar un marco jurídico que se consideraba rezagado frente a las nuevas modalidades de fraude y ocupación ilegal.
Una de las modificaciones más relevantes es la incorporación de nuevas agravantes que amplían significativamente los supuestos de aumento de la penalidad. Las reformas contemplan que el despojo cometido en perjuicio de:
será castigado con penas que van de siete a once años de cárcel. En aquellos casos especialmente graves, estas sanciones podrán duplicarse, alcanzando un máximo de 22 años de prisión, lo que refleja la intención de proteger a sectores de mayor vulnerabilidad ante prácticas de intimidación, engaños o violencia.
Además de la protección a grupos vulnerables, se establecen mayores penas cuando el delito es cometido por servidores públicos, cuando existe parentesco entre la víctima y el agresor, o cuando el perpetrador simula poseer facultades de autoridad.
Una medida crucial incorporada es la sanción a quienes, aun después de ser requeridos por una autoridad, mantengan la ocupación indebida o impidan al propietario legítimo el uso material del bien. Es importante destacar que la propuesta de incluir como agravante los casos ocurridos en Áreas Naturales Protegidas no fue integrada al dictamen final.
El despojo se define como un delito que afecta el patrimonio y la seguridad jurídica de los poseedores o propietarios. Este fenómeno, que afecta especialmente a sectores vulnerables en diversas alcaldías, se caracteriza por ser multifactorial, empleando desde mecanismos de intimidación hasta el uso de documentos falsos para expulsar o impedir el disfrute de una propiedad.
Las autoridades capitalinas identifican tres modalidades principales de despojo:
Con estas reformas capitalinas, se busca fortalecer la protección de los bienes inmuebles y frenar las prácticas delictivas, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias penales de atentar contra el derecho a la propiedad.
Con información de: Milenio
