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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, emitió una alerta preventiva dirigida a la ciudadanía, con especial énfasis en la protección de las personas adultas mayores. Las autoridades informaron sobre la proliferación de fraudes y extorsiones orquestados por delincuentes que utilizan de manera ilícita los nombres...
julio 3, 2026
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, emitió una alerta preventiva dirigida a la ciudadanía, con especial énfasis en la protección de las personas adultas mayores. Las autoridades informaron sobre la proliferación de fraudes y extorsiones orquestados por delincuentes que utilizan de manera ilícita los nombres y cargos de funcionarios federales, así como de diversas dependencias de gobierno, para engañar a la población y exigir dinero.
A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó detalladamente el modus operandi de estas redes criminales. Los estafadores se presentan como servidores públicos de la Secretaría y otras instituciones para solicitar pagos a cambio de supuestos beneficios administrativos. Para dar una apariencia de legitimidad a la extorsión, los delincuentes emplean perfiles falsos en redes sociales y presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales.
Entre los conceptos fraudulentos que ofrecen a las víctimas para exigirles dinero destacan:
Frente a esta vulneración a la legalidad y al patrimonio, el Gobierno Federal exhortó a los ciudadanos a mantenerse alerta y evitar compartir información personal o bancaria. Asimismo, se pidió a la población no realizar depósitos ni transferencias a personas que soliciten pagos mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales bajo la apariencia de un cargo gubernamental.
La dependencia subrayó que en la Secretaría Anticorrupción todos los servicios son estrictamente gratuitos, recordando que cualquier intento de cobro constituye un delito. En caso de haber sido víctima de estas conductas ilícitas, los afectados pueden solicitar asesoría legal y orientación comunicándose a las líneas oficiales de atención: 552000-2000 y 800-1128-700.
Con información de EL UNIVERSAL
