A pocos días de que finalice el Registro de Líneas de Teléfono Celular el próximo 30 de junio, las cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones muestran que de 144 millones 585 mil 131 líneas activas, sólo el 33.19 por ciento han sido asociadas a una Clave Única de...
junio 4, 2026
A pocos días de que finalice el Registro de Líneas de Teléfono Celular el próximo 30 de junio, las cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones muestran que de 144 millones 585 mil 131 líneas activas, sólo el 33.19 por ciento han sido asociadas a una Clave Única de Registro de Población. Esto se da en medio de la desconfianza y las dudas de la gente ante la medida impulsada por el gobierno federal.
Aunque la administración señala que el padrón es para combatir la extorsión y el secuestro, José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, afirmó que no existe evidencia de que ayude a disminuir la criminalidad. Por el contrario, ocurre un fenómeno de desplazamiento criminal, causando aumentos en otros delitos mediante la creación de mercados negros de tarjetas SIM, el robo de teléfonos móviles y la suplantación de identidad.
Los problemas presentados ya afectan a los ciudadanos. Un usuario documentó que tenía once líneas de teléfono móvil registradas en diferentes compañías bajo su Clave Única de Registro de Población sin su conocimiento. Ante esta situación, el experto aconsejó posponer o suspender la fecha límite antes de proseguir con el registro.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la medida no tiene nada que ver con vigilancia, asegurando que solamente la autoridad tiene acceso a la información si se comete un delito. Sin embargo, Flores alertó que este registro funciona para desanonimizar la actividad de las personas, lo que brinda a las autoridades un mayor poder sobre los ciudadanos. Esta clase de medidas puede resultar mucho más perjudicial para activistas, periodistas y opositores.
Adicionalmente, las compañías telefónicas están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la cual establece que las transferencias nacionales o internacionales de información privada podrán llevarse a cabo sin el consentimiento de la persona titular. La ley argumenta que esto aplica cuando la transferencia sea legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la procuración de justicia.
A pesar de las dudas de la población, si las personas no registran sus líneas antes del 30 de junio, enfrentarán la suspensión de la línea el 1 de julio y no podrán acceder a los servicios ligados al número telefónico.
En caso de que se viole la protección de la información por parte de las empresas particulares, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impondrá sanciones. Las multas económicas irán de 23 mil 462 pesos a 37 millones 539 mil 200 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro dará su fallo a partir del incumplimiento de esta ley, la naturaleza del dato personal y la capacidad económica del responsable, mientras la asociación GSMA, que abarca a las compañías de todo el mundo, reitera que la delincuencia no va a utilizar líneas asociadas a su nombre.
Con información de EL UNIVERSAL