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La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura crítica frente a la reciente publicación del diario estadounidense The New York Times, la cual señala que diversos funcionarios del partido Morena actúan como informantes del Gobierno de Estados Unidos en supuestos casos de corrupción. Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó...
junio 29, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura crítica frente a la reciente publicación del diario estadounidense The New York Times, la cual señala que diversos funcionarios del partido Morena actúan como informantes del Gobierno de Estados Unidos en supuestos casos de corrupción. Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó el rigor periodístico de la nota al argumentar que se fundamenta exclusivamente en fuentes anónimas. Asimismo, enfatizó que la administración federal no dispone de registros o notificaciones que confirmen que algún servidor público de la demarcación nacional esté colaborando formalmente con agencias extranjeras.
La postura del Ejecutivo federal defiende el principio de legalidad y exige la presentación de evidencias claras antes de emitir juicios sobre la gestión pública. La mandataria reiteró que el país no debe ser objeto de señalamientos infundados por parte de agentes externos, sosteniendo de manera institucional que las instituciones de justicia locales son las únicas facultadas para procesar cualquier irregularidad administrativa o penal con base en los hechos documentados.
El impacto de los señalamientos del diario estadounidense provocó reacciones institucionales inmediatas por parte de los gobernadores mencionados en el reportaje. Alfonso Durazo dirigió una carta formal a los editores ejecutivos del medio, Joseph Kahn y A. G. Sulzberger, en la cual negó rotundamente estar sujeto a procedimientos judiciales en el extranjero y aclaró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre indagatorias en su contra. De igual forma, el reportaje incluyó en el polígono de presuntas investigaciones a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, argumentando que al menos una decena de mandatarios locales y legisladores evalúan sumarse a una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA) como informantes para anticiparse a posibles casos legales.
Las tensiones normativas coinciden con las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual reveló que mantiene bajo investigación a 10 funcionarios y exfuncionarios públicos de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotráfico. Dentro de este grupo de servidores públicos bajo escrutinio se encuentra Rubén Rocha, gobernador con licencia de la entidad. Ante este panorama, la administración mexicana ha exigido la presentación de pruebas claras y contundentes, e instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a conducir sus propias carpetas de investigación para esclarecer los hechos bajo el marco del orden jurídico nacional.
Desde la perspectiva del orden público y la política exterior, el Ejecutivo federal relacionó estas filtraciones mediáticas con intereses políticos de cara a las próximas jornadas democráticas. Las autoridades denunciaron de manera neutral que sectores de la ultraderecha estadounidense emplean estos expedientes informativos con el propósito de influir en las elecciones locales, donde se renovarán 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados. La postura mexicana reitera la exigencia de respeto mutuo en la relación bilateral, sosteniendo bajo la declaración institucional del Zócalo que la soberanía de la nación debe preservarse frente a presiones externas.
Con información de EL FINANCIERO
