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El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), un fideicomiso público federal establecido en 1996, operó desde 1999 como una herramienta clave para financiar la reparación de daños por fenómenos como huracanes, sismos, lluvias e incendios forestales. Durante más de veinte años, este mecanismo garantizó la liberación automática y etiquetada de...
octubre 14, 2025
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), un fideicomiso público federal establecido en 1996, operó desde 1999 como una herramienta clave para financiar la reparación de daños por fenómenos como huracanes, sismos, lluvias e incendios forestales.
Durante más de veinte años, este mecanismo garantizó la liberación automática y etiquetada de recursos ante la declaratoria de una zona de desastre, lo que permitía la atención inmediata a los afectados, la reconstrucción de infraestructura y el restablecimiento de servicios básicos en el país.
El financiamiento del FONDEN provenía de asignaciones dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. En sus primeros años, de 1999 a 2001, se destinaron $500 millones de dólares estadounidenses anuales.
Si bien esta suma experimentó reducciones, en 2011 se registró la asignación más alta, con $833 millones de dólares estadounidenses, un presupuesto que se mantuvo en los años posteriores. La efectividad del fondo residía en la agilidad de su respuesta.
En 2021, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, incluido el FONDEN. Esta decisión se tomó bajo el marco de la política de austeridad impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El argumento oficial para la desaparición del fondo fue la existencia de supuestos malos manejos, opacidad y el señalamiento de que «se usaba como caja chica», además de una posible duplicidad de funciones.
La desaparición del fideicomiso modificó radicalmente el esquema de apoyo. Los recursos para desastres naturales ahora dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta entidad autoriza los fondos «caso por caso», solo después de que Protección Civil evalúa los daños y los estados presentan sus informes y solicitudes formales.
Este nuevo procedimiento ha eliminado las reglas automáticas y los montos preasignados, generando retrasos en la llegada de ayuda, especialmente críticos durante los primeros días tras un desastre, cuando la respuesta es crucial para las labores de rescate y la reconstrucción.
Actualmente, con estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo a la espera de apoyo federal en medio de emergencias por lluvias que han dejado 64 muertos y 65 desaparecidos, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la falta de un esquema de respuesta ágil.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la necesidad de acelerar la respuesta y anunció que, a pesar de la extinción del FONDEN, el Gobierno cuenta con una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos destinada a la atención de desastres.
La mandataria detalló que, a la fecha, se han destinado aproximadamente 3 mil millones de pesos para atender episodios, principalmente en Guerrero y Oaxaca, tras el huracán Erick. Mientras miles de familias damnificadas esperan la materialización de los apoyos, la discusión sobre la eficacia del FONDEN frente al actual sistema de dependencia directa de Hacienda se ha reactivado con fuerza en el país, poniendo en el centro del debate la gestión de emergencias.
Con información de UNOTV
