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La incipiente Reforma Judicial en México enfrenta su primer revés significativo. Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, el juez de Distrito en materia penal electo por voto popular con 36 mil 084 votos bajo la postulación del Poder Ejecutivo Federal, ha presentado su renuncia al cargo a solo dos meses de...
noviembre 6, 2025
La incipiente Reforma Judicial en México enfrenta su primer revés significativo. Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, el juez de Distrito en materia penal electo por voto popular con 36 mil 084 votos bajo la postulación del Poder Ejecutivo Federal, ha presentado su renuncia al cargo a solo dos meses de haber tomado protesta. Elegido en las elecciones judiciales extraordinarias del 1 de junio de 2025, Aguirre Hernández asumió funciones el 1 de septiembre en el Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco. Su dimisión, oficializada en octubre, pone en entredicho la estabilidad del naciente sistema de jueces federales electos.
El juez había prometido «impartir justicia al pueblo y no a los privilegiados» y basó su campaña en propuestas centradas en la justicia penal eficiente y garantista, la transparencia y rendición de cuentas, y el principio de tener «puertas abiertas para el pueblo en general». En su visión, la impartición de justicia debe ser igual para todo el pueblo de México, sin distinción por «sector privilegiado», como argumentó que ocurría en años recientes.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) comunicó formalmente la renuncia a la Mesa Directiva del Senado de la República mediante el oficio SEP-LE./24/PLE./024/458/2025. El Pleno del OAJ acordó por unanimidad recibir la dimisión del juzgador, la cual ahora pasa a manos del Senado para su análisis y resolución definitiva, conforme a sus facultades constitucionales.
El Senado, regido por el Artículo 76 Fracción VIII de la Constitución Política, tiene la potestad exclusiva de «Otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia» de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Aunque el Senado suele ratificar las renuncias, la ley le permite rechazarla si encuentra motivos fundados. Esta dimisión es un asunto que exige rigor debido a que Aguirre Hernández fue uno de los 386 jueces federales elegidos por voto popular.
Una vez que el Senado apruebe la renuncia, se activará el mecanismo de suplencia establecido en el Artículo 98 constitucional, que regula la cobertura de vacantes definitivas para jueces elegidos por voto popular. Este proceso establece un estricto orden de prelación para la designación del sustituto:
Según los resultados electorales, Amalia Irandery Ortíz Armendáriz obtuvo más votos para el mismo cargo después del juez que dimitió, lo que la sitúa como potencial sustituta. El Senado tendrá la responsabilidad final de tomar protesta a la persona que resulte electa por este orden para el período restante del encargo.
Con información de PROCESO
