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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo al aprobar el dictamen que establece la prohibición total de la venta de cigarros electrónicos o vapeadores. La votación registró 27 sufragios a favor, 8 en contra y una abstención. Este documento es resultado directo...
noviembre 26, 2025
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dado un paso decisivo al aprobar el dictamen que establece la prohibición total de la venta de cigarros electrónicos o vapeadores. La votación registró 27 sufragios a favor, 8 en contra y una abstención. Este documento es resultado directo de una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El dictamen no solo aborda los dispositivos de vapeo, sino que también establece sanciones penales severas. Se prevé uno a ocho años de prisión y una multa económica de hasta $226,280 pesos para quienes incurran en la venta de estos productos. Además, la reforma amplía sus restricciones al limitar la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, poniendo un énfasis particular en el uso ilícito del fentanilo.
Durante una sesión extraordinaria marcada por la controversia, el presidente de la comisión, Pedro Mario Zenteno (Morena), informó que la iniciativa se sometería a votación general y particular, con la presentación de reservas directamente ante la Mesa Directiva, previo a su discusión en el pleno legislativo. Esta medida fue rechazada por el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien sostuvo que las reservas deben ser discutidas en la comisión para alcanzar acuerdos.
La postura de prohibición absoluta generó voces de alarma, como la de la priísta Ana Isabel González, quien anticipó su voto en contra. La legisladora argumentó que una prohibición absoluta podría ser contraproducente y abrir la puerta al mercado negro. «Cuando prohíbes una cosa, se vuelve más atractiva. Penalizar abre otras puertas: venta clandestina, distribución irregular y criminalización«, expuso González, enfatizando que la vía adecuada para la salud pública es la regulación, no la prohibición.
La discusión se vio interrumpida por un altercado entre Ramírez Barba y el secretario técnico de la comisión, con gritos y manotazos. El diputado panista reclamó el presunto bloqueo de una moción suspensiva y la eliminación indebida de la discusión de las reservas, calificando el manejo del proceso como «indecente».
Ramírez Barba también advirtió que la reforma modifica gravemente el funcionamiento del Fondo de Salud para el Bienestar. Sostuvo que se sustituyen reglas claras por un «comité burocrático» con capacidad de decidir discrecionalmente sobre los recursos para cáncer y enfermedades de alto costo. A estas críticas se sumó la panista Verónica Pérez Herrera, quien afirmó que el dictamen «agrava la crisis del sistema de salud» al eliminar garantías presupuestales y permitir que recursos para enfermedades catastróficas se usen para gasto corriente o mantenimiento. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, tildó de «punitivista» el apartado de penas de prisión, señalando que abriría un mercado para el crimen organizado.
