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El empresario Ricardo Salinas Pliego ha escalado su confrontación con el gobierno de México al presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El dueño de TV Azteca se reunió con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión del organismo, para acusar al...
enero 14, 2026
El empresario Ricardo Salinas Pliego ha escalado su confrontación con el gobierno de México al presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El dueño de TV Azteca se reunió con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión del organismo, para acusar al Estado mexicano de ejercer una «persecución política» en su contra iniciada en 2023.
Según la postura oficial de Grupo Salinas, el objetivo de esta acción es que la instancia internacional declare la responsabilidad del Estado y ordene garantías de no repetición. El magnate argumenta que sus empresas han sido blanco de una ofensiva fiscal, judicial y administrativa coordinada, diseñada no con fines recaudatorios, sino para restringir su libertad de expresión y limitar su participación en el debate público.
En su denuncia, Salinas Pliego sostiene que existe una estrategia desde las vocerías oficiales —incluyendo las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador— para dañar su reputación y «silenciar la disidencia». El empresario asegura estar dispuesto a resolver sus obligaciones tributarias conforme a la ley, pero acusa haber recibido un trato discriminatorio y coercitivo por parte de las autoridades hacendarias.
Contrario a la narrativa de persecución ideológica planteada por el empresario, el conflicto tiene su origen en créditos fiscales multimillonarios determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace más de una década, derivados de operaciones contables irregulares.
El reporte periodístico señala que la versión de Grupo Salinas omite mencionar la larga batalla legal en la que el conglomerado presentó decenas de amparos para evitar el pago. Este litigio culminó el pasado 13 de noviembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el asunto con una orden definitiva para que las empresas liquiden lo debido. La ruptura de Salinas Pliego con la llamada «Cuarta Transformación» se agudizó precisamente a raíz de la negativa del gobierno a condonar estos adeudos, convirtiendo al empresario en uno de los detractores más vocales de la administración actual.
Con información de PROCESO
