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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la norma que excluía la entrega gratuita de prótesis, lentes y audífonos a menores de edad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 13/2025, se...
abril 29, 2026
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la norma que excluía la entrega gratuita de prótesis, lentes y audífonos a menores de edad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 13/2025, se determinó que la restricción del artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas vulneraba el derecho a la salud y el interés superior de la niñez. A partir de ahora, el instituto está obligado a garantizar anteojos, implantes cocleares y órtesis para el tratamiento integral de las niñas, niños y adolescentes derechohabientes.
La decisión del máximo tribunal tiene su antecedente en un amparo resuelto por la Segunda Sala, el cual ordenó brindar atención a un niño con discapacidad auditiva al que se le negaron los insumos. Además, la SCJN tomó en cuenta la omisión del Congreso de la Unión para adecuar la legislación dentro del plazo constitucional.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres votó en contra de invalidar el reglamento institucional. La juzgadora argumentó que una declaratoria general de inconstitucionalidad podría resultar excesiva al no conocer el impacto presupuestal y financiero que la resolución tendría para el IMSS.
La autodenominada “ministra del pueblo” sostuvo que el acceso a los apoyos médicos debía evaluarse mediante un análisis caso por caso. Según su postura, las entregas tendrían que basarse en criterios médicos objetivos y estar sujetas a la disponibilidad de recursos institucionales.
Asimismo, señaló que no era posible presumir que el instituto cuente con la capacidad material y financiera para proveer estos insumos de forma generalizada. Recalcó que faltaba evidencia técnica sobre infraestructura y presupuesto antes de obligar a la dependencia a cubrir dichos gastos.
Con información de UNOTV
