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La Secretaría de Marina (Semar) fue víctima de un robo masivo perpetrado por presuntos servidores públicos. Según una auditoría oficial, civiles identificados como funcionarios de la Secretaría de Bienestar, liderados por una regidora local, ingresaron ilegalmente a predios federales para sustraer toneladas de recursos naturales. Este acto, ocurrido en...
enero 12, 2026
La Secretaría de Marina (Semar) fue víctima de un robo masivo perpetrado por presuntos servidores públicos. Según una auditoría oficial, civiles identificados como funcionarios de la Secretaría de Bienestar, liderados por una regidora local, ingresaron ilegalmente a predios federales para sustraer toneladas de recursos naturales. Este acto, ocurrido en Chiapas, expone las grietas en la seguridad del Corredor Interoceánico y la impunidad con la que operan ciertos cuadros políticos.
El incidente tuvo lugar el pasado 20 de mayo en el Polo de Desarrollo Tapachula II. De acuerdo con el reporte del capitán José Ramón Gutiérrez, director ejecutivo del proyecto, minutos antes de la una de la tarde, Brenda Elizabeth Meza Sandoval, identificada como regidora del municipio de Cacahoatán y funcionaria de Bienestar, se presentó en el acceso principal. Vistiendo un chaleco guinda, la funcionaria alegó tener permiso del gobierno federal para ingresar, facilitando la entrada de tres vehículos y dos camiones tipo Torton de 18 toneladas, acompañados por un contingente de al menos 100 personas civiles.
El comando de civiles y funcionarios operó con total impunidad durante dos horas, tiempo suficiente para cargar los camiones con mango ataulfo de primera calidad. Este recurso formaba parte de los activos adjudicados a la Marina tras la tala de árboles para la construcción del Tren Interoceánico. El saldo del atraco fue la sustracción de 22 toneladas de mango, dejando en el sitio únicamente mil kilos de fruta de tercera calidad, aplastada o inservible.
El impacto a las finanzas públicas es tangible. La Semar estimó que el robo generó una pérdida inmediata de 143 mil pesos, un cálculo basado en el precio de venta por kilogramo. Sin embargo, el daño al erario va más allá del valor inmediato de la fruta robada. La proyección de ingresos de la empresa estatal, que contemplaba ganancias por la venta de mango, palma de aceite, achiote, limón, agave y café, se vio severamente mermada, reduciendo la expectativa de ganancia de 3.6 millones a solo 1.4 millones de pesos. El saqueo constituye un claro daño patrimonial a la institución naval.
Lejos de perseguir a los responsables del hurto o investigar el abuso de funciones por parte de la regidora y el personal de Bienestar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dirigió sus baterías contra la víctima. El órgano fiscalizador acusó y sancionó a la Marina por tener un “inadecuado control para la captación de ingresos propios”.
En su dictamen, la dependencia argumentó que, pese a que los predios fueron asignados oficialmente mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), no se identificaron las medidas ni los responsables de su resguardo. De esta forma, la auditoría concluyó que no se advirtieron acciones eficaces para la vigilancia de los recursos naturales, responsabilizando administrativamente a la institución armada por no haber evitado que otros funcionarios del mismo gobierno desmantelaran la producción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Con información de EL UNIVERSAL
