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De acuerdo con el cuarto informe de gobierno enviado por el presidente al Congreso, entre el 2021 y el 2022, 13 mil 194 procedimientos se calificaron como “No graves”; en algunos otros las faltas prescribieron. Asimismo, las denuncias aumentaron en casi dos mil, comparadas con el año pasado; el...
septiembre 5, 2022
De acuerdo con el cuarto informe de gobierno enviado por el presidente al Congreso, entre el 2021 y el 2022, 13 mil 194 procedimientos se calificaron como “No graves”; en algunos otros las faltas prescribieron.
Asimismo, las denuncias aumentaron en casi dos mil, comparadas con el año pasado; el gobierno federal inhabilitó o destituyó por supuestos actos de corrupción a 340 funcionarios que laboraban en la administración de la 4ta transformación.
Como consecuencia, un aumento de mil, 772 quejas del 2020 al 2021, a los distintos órganos de control llegaron 20 mil 391 aunque no hay un desglose con el que comparar las sanciones y destituciones.
A lo que conlleva que, solo se han “impuesto sanciones correspondientes a inhabilitaciones y destituciones de los cargos públicos; en 10 mil 533 no se aplicó sanción y en 291 casos se determinó improcedencia de la sanción por prescripción y porque no se acreditó la conducta imputada con motivo de las manifestaciones y pruebas ofrecidas”.
Según el documento del Cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, los procesos que concluyeron sus investigaciones fueron 4 mil 497.
Derivando 309 procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias; no obstante, no hay datos de los castigos que fueron impuestos.
También se señala que en las indagatorias las conductas recurrentes que “incumplimiento de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; así como de funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones; abuso de funciones, y abuso de autoridad”.
697 expedientes en los procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves, tampoco hay un desglosé de qué dependencias incurrieron en estas faltas.
Tampoco en que presuntos actos de corrupción, ni los recursos involucrados en las faltas administrativas consideradas como graves.
“se promovió la implementación de esquemas de contraloría social y de fortalecimiento de la integridad en el sector privado, con lo que se robustece la vigilancia del desempeño gubernamental, así como del ejercicio de los recursos públicos por la sociedad mexicana”.
Acciones emprendidas por el Gobierno federal nos dice que nos han permitido:
“transformar la rendición de cuentas en una forma de vida en la que las personas servidoras públicas se encuentran permanentemente abiertos al escrutinio de la población; lo cual propicia, a su vez, una interacción más cercana entre los distintos sectores de la sociedad”.
Asimismo, López Obrador indicó, que “la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia”.
