Copyright © Brand 2021
Legisladores locales y federales del partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron a la Contraloría de la CDMX se inicie una investigación contra las autoridades capitalinas por la distribución de ivermectina. En la denuncia dirigida al contralor Juan José Serrano, los integrantes del partido naranja detallaron los nombres de las autoridades...
febrero 10, 2022
Legisladores locales y federales del partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron a la Contraloría de la CDMX se inicie una investigación contra las autoridades capitalinas por la distribución de ivermectina. En la denuncia dirigida al contralor Juan José Serrano, los integrantes del partido naranja detallaron los nombres de las autoridades señaladas. Entre ellas figura la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Salud, Olivia López Arellano.
Se acusa que las personas señaladas aceptaron que la CDMX participara en un estudio cuasi-experimental. Con ello, la autoridad de gobierno en la capital habría justificado el uso de ivermectina en pacientes con COVID-19. El estudio, que corrió entre los años 2020 y 2021 dio origen a una publicación en la plataforma SocArXiv, que fue eliminada la semana pasada.
El diputado federal Salomón Chertorivski calificó de irresponsable el reparto de un desparasitario no aprobado para atacar el virus. Además, señaló a la autoridad de la CDMX por no dar seguimiento a los pacientes a quienes se les entregaron kits con este medicamento.
El legislador también criticó que haya sido la Agencia Digital de Innovación Pública quien haya promovido el estudio con ivermectina. Lo anterior, porque no es una instancia con las facultades para hacerlo. Por ello, su titular, José Merino también figura en la lista de personas físicas denunciadas por aceptar que en la capital se experimentara con dicho medicamento.
“No entendemos por qué esa agencia tiene funciones sanitarias, un servidor público solo puede hacer lo que le mandata la ley; en la ADIP se están tergiversando las posibilidades del quehacer público, y eso merece una revisión seria por parte de la Contraloría y que se finquen responsabilidades si las hay”, dijo.
El diputado local Royfid Torres afirmó que lo sucedido no solo es un problema de falta de ética, sino también un engaño a la ciudadanía por haber suministrado a los pacientes COVID un medicamento para participar en un estudio, sin el consentimiento debido.
Con información de politica.expansion.mx
