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En el primer minuto de este lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores en protesta contra la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida ha generado una respuesta inmediata tanto por parte de...
agosto 19, 2024
En el primer minuto de este lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores en protesta contra la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida ha generado una respuesta inmediata tanto por parte de los trabajadores como del propio mandatario, quien ha defendido la reforma señalando que busca erradicar la corrupción y los privilegios dentro del Poder Judicial.
Alrededor de medio centenar de trabajadores se congregaron en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde colgaron mantas con frases como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras”. Los manifestantes cerraron la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) utilizando cadenas y candados, como muestra de su rechazo a lo que consideran una “agresiva” reforma.
El paro no se limitó a la Ciudad de México; trabajadores en diversas entidades del país, incluyendo el Estado de México y Puebla, también se unieron a la protesta bajo el lema “¡Todos Somos Uno, Uno Somos Todos!”. Esta movilización busca presionar al gobierno federal para que reconsideren las modificaciones que consideran perjudiciales para su autonomía y derechos laborales.
En un comunicado emitido por los trabajadores del PJF, expresaron que “es URGENTE QUE SEPAN que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades”.
Ante la movilización, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también se pronunció en contra del nuevo dictamen. Patricia Aguilar, ministra y portavoz de Jufed, criticó la reforma declarando que “borra de un plumazo” la trayectoria y los esfuerzos de quienes buscan avanzar en la carrera judicial en México. Según Aguilar, las modificaciones propuestas no solo afectan la estructura interna del Poder Judicial, sino que también amenazan la imparcialidad y la independencia de la justicia en el país.
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El pasado 13 y 14 de agosto, las ocho secciones del Sindicato de Trabajadores del PJF acordaron participar en un movimiento de suspensión de labores, a la espera del contenido del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la presentación del nuevo dictamen provocó que un grupo de trabajadores decidiera comenzar inmediatamente el paro, exigiendo que se respeten sus derechos laborales y prestaciones.
A pesar del paro, los jueces federales no se han sumado a la movilización en este primer momento. Estos decidirán mediante voto si se integrarán al paro en los próximos días, una medida que podría aumentar la presión sobre el gobierno.
El dictamen de reforma al Poder Judicial, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone una serie de cambios significativos en el sistema judicial mexicano. Entre los más notables, se encuentra la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, la supresión del Senado en el proceso de nombramiento de jueces, y la creación de un Tribunal de Disciplina para gestionar la disciplina y administración del Poder Judicial.
Uno de los puntos más polémicos es la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Además, el dictamen propone que las sesiones de la SCJN sean públicas y que la presidencia del tribunal se renueve cada dos años mediante votación.
El presidente López Obrador ha defendido en repetidas ocasiones la necesidad de esta reforma, argumentando que busca democratizar y limpiar al Poder Judicial de la corrupción y los privilegios que, según él, han caracterizado a la institución durante años.
La propuesta también contempla un proceso de elección ciudadana para jueces y magistrados, coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE). En este proceso, se suprime el requisito de tener al menos 35 años para ser ministro, magistrado o juez, y se establece que los candidatos deben tener un título de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8.0, además de al menos cinco años de experiencia en la práctica jurídica.
Esta reforma ha sido vista por muchos dentro y fuera del Poder Judicial como un intento por parte del Ejecutivo de controlar a un poder que debe ser independiente por naturaleza. Los trabajadores del PJF, al iniciar este paro indefinido, buscan defender esa independencia y proteger sus derechos ante lo que consideran una amenaza directa a su autonomía y funciones.
Con información de: Infobae
