Copyright © Brand 2021
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exservidores públicos. La acusación, radicada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala a los implicados por su presunta participación en el tráfico de...
abril 30, 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exservidores públicos. La acusación, radicada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala a los implicados por su presunta participación en el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
La lista de acusados incluye a figuras como el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; así como exmandos de seguridad estatal y municipal. A todos ellos se les imputa el cargo de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en territorio estadounidense.
El documento judicial detalla una conspiración de tráfico de drogas donde los servidores públicos facilitaron la importación de cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Según la investigación, Rubén Rocha Moya llegó al poder después de que la facción de Los Chapitos presuntamente le ayudara a ganar la elección mediante el secuestro y la intimidación de sus rivales políticos. A cambio, el gobernador de Sinaloa prometió protegerlos y permitirles operar con total impunidad.
La acusación subraya que los funcionarios han recibido colectivamente millones de dólares financiados con el narcotráfico. Por ejemplo, el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra presuntamente cobraba 11 mil dólares al mes para proteger a Los Chapitos e informarles sobre las operaciones policiales de Estados Unidos. Asimismo, se les señala de ordenar a las corporaciones locales de seguridad que protegieran los cargamentos de droga almacenados y en tránsito.
La fiscalía también documentó la participación directa en actos de violencia brutal por parte de las autoridades. El comandante de la Policía Municipal, Juan Valenzuela Millán, presuntamente recibía mil 600 dólares mensuales por dar a Los Chapitos acceso sin restricciones a la fuerza policial. En octubre de 2023, habría ayudado a la organización criminal a secuestrar, torturar y asesinar a una fuente confidencial de la DEA.
El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terrance Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa utiliza la corrupción y el soborno para operar y obtener beneficios. El funcionario destacó que los acusados presuntamente utilizaron sus puestos de confianza para resguardar las operaciones criminales, permitiendo el flujo de drogas letales y poniendo en peligro vidas estadounidenses.
Por su parte, el fiscal Jay Clayton sentenció que el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos debe terminar y advirtió que llevarán ante la justicia a las autoridades que colaboren con los narcotraficantes, sin importar su cargo o posición. El caso de los servidores públicos de Sinaloa fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla para continuar con el proceso legal en Estados Unidos.
Con información de EL UNIVERSAL
